Tras cinco años de litigio, se agotan las vías legales para el gobierno local, el cual asumió atribuciones indebidas al desconocer plazas legítimas
HUAJUAPAN DE LEÓN, Oax.- Llegó a su fin la vía jurídica para el Ayuntamiento de Huajuapan de León. Mediante estrados en el Palacio Municipal, la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca (JAESPO) notificó oficialmente el requerimiento para la reinstalación inmediata de 97 trabajadores basificados, otorgando a la autoridad local un plazo improrrogable de cinco días hábiles para dar cumplimiento al mandato judicial.
Con esta notificación legal, la administración municipal queda obligada a acatar la resolución que emitió la JAESPO desde el 10 de diciembre de 2024, sumada al pago de un laudo laboral que ronda los 30 millones de pesos. Lejos de las narrativas institucionales en las que el gobierno local se ha colocado como víctima del conflicto o ha intentado deslindarse de su responsabilidad, los antecedentes jurídicos demuestran que fue la propia autoridad municipal la que se tomó atribuciones extralegales al desconocer los nombramientos otorgados durante el mandato de la expresidenta Juanita Arcelia Cruz Cruz, desatando un litigio que se prolongó durante cinco años.
Pese a que la sentencia causó estado y quedó firme, la autoridad municipal evitó recibir de manera ordinaria a los actuarios laborales, respaldándose en bloqueos y protestas gremiales que impidieron diligencias previas, además de negarse al diálogo argumentando que requerían una notificación formal de la junta arbitral. Dicha notificación ha quedado legalmente fijada en los estrados del recinto de gobierno.
Como primer orden de gobierno, el Ayuntamiento está llamado a ser el primero en poner el ejemplo y cumplir el Estado de derecho. Los trabajadores afectados reiteraron que se mantendrán por el cauce de la legalidad a la espera de que el Cabildo acate la resolución; de lo contrario, los funcionarios responsables incurrirán en desacato directo y la administración se hará acreedora a multas y sanciones legales de carácter administrativo y penal.