Nuevamente Juan Antonio Vera Carrizal es protegido por el Poder Judicial de Oaxaca

por Juan Carlos Zavala Oaxaca de Juárez.— María Elena Ríos Ortiz, víctima de feminicidio en grado de tentativa mediante un ataque ácido, denunció que la jueza María Quevedo Sánchez se negó a emitir una fecha para la audiencia intermedia en el caso judicial contra su agresor, el empresario gasolinero y político del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal. En un mensaje difundido en sus redes sociales, aseguró que la actuación de la jueza pretende darle ventaja a Vera Carrizal con el fin de que éste obtenga la medida cautelar de arraigo domiciliario y recuperar los bienes que le fueron embargados para garantizar la reparación del daño.

También denunció que María Quevedo tiene antecedentes de liberar a feminicidas y favorecer a políticos con la reclasificación de los delitos. Por ejemplo, recordó que esta jueza fue la que liberó al presunto feminicida de la joven Joselyn Alejandra Vargas Ortiz que desapareció en 2018 y en 2020 fue encontrada muerta en Huajuapan de León; así como a los feminicidas responsables de la desaparición de Zaira Leticia Lozoya, joven de Huajuapan víctima de desaparición cometida por particulares de la que no se tiene información sobre su paradero. “Hubo personas detenidas con toda la carga de la prueba y ella los liberó”, acusó Ríos Ortiz, quien desde hace algunos años también es activista contra la violencia ácida y todo el país. La joven señaló que fue esta jueza la que reclasificó el delito a Lizbeth Victoria Huerta expresidenta municipal morenista de Asunción Nochixtlán y amiga del gobernador Salomón Jara Cruz, implicada en la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu. María Elena Ríos explicó que su carpeta de investigación debía ser turnada por el Juez de Control, a cargo de Elizabeth Contreras Hernández, a un tribunal de alzada que se compone de tres jueces para resolver casos con cierta complejidad; sin embargo, se envió a un tribunal unitario, el cual sólo está conformado por un juez y resuelve casos “más sencillos”. “No necesitamos ser abogados ni expertos en materia penal para darnos cuenta de todo el abuso y corrupción que existe en el Poder Judicial, tan sólo en Oaxaca. Sabemos que mi proceso es complejo por toda la simetría de poder que existe entre Juan Antonio Vera Carrizal y su vínculo con la élite política del estado, muchos de ellos siguen en funciones en la actual administración”. La víctima puntualizó que Vera Carrizal incluso ha sido señalado de lavado de dinero y robo de combustible por la Unidad de Inteligencia Financiera en el año 2020. A esto se suma, dijo, que el sábado 23 de septiembre de 2023 recibió un correo electrónico donde la jueza María Quevedo reconoce que aunque no hay impedimento para fijar la fecha de debate decide no hacerlo, bajo el argumento de que primero debe esperar a que se resuelvan los amparos promovidos por Vera Carrizal. En un primer amparo, Vera Carrizal pretende que se le cambie la medida cautelar, es decir, pasar de llevar el caso en prisión preventiva a llevarlo en arraigo domiciliario; el segundo amparo llamado de providencia precautoria, es para que le sean devueltos los bienes que le fueron embargados para garantizar la reparación del daño a Elena Ríos, y los cuales se encuentran bajo el resguardo de la Fiscalía General del Estado. “El cambio de medida cautelar lo ha solicitado tantas veces y se le ha negado, porque se le ha justificado la prisión preventiva por mi seguridad y para evitar vulnerar todavía más el proceso, es fundamental que siga llevando su proceso en prisión. Una de las cosas que sucedieron sobre este tipo de amparos fue en enero, que bajo la estela de la corrupción acordaron con Teodulo Pacheco Pacheco que el feminicida fuera liberado”. María Elena Ríos aseguró que lo que está haciendo la jueza es más grave, incluso que lo que pretendió hacer el juez Teódulo Pacheco cuando estuvo cerca de liberar a Vera Carrizal; con lo que se habría podido fugar. Además, aseguró que la decisión de la jueza de no establecer una fecha para la audiencia intermedia, es ilegal, porque los amparos no son causales para posponer el proceso penal. “La actuación de la jueza era que al recibir el auto de juicio oral, que es donde vienen todas mis pruebas y testigos, ella tenía que darme fecha para que se pudiera llevar a cabo, pero decide no hacerlo, aunque reconoce que los amparos de Vera Carrizal no tienen efectos suspensivos, es decir, que no suspenden el juicio oral”. “El Poder Judicial todavía es representado por Eduardo Pinacho Sánchez”, agregó, “y han hecho de todo, estoy cansada, pero sigo teniendo el ánimo y la fe de que algún día pueda obtener justicia”. Fuente: EL Universal